La violencia contra las niñas, niños y adolescentes constituye una grave vulneración de sus derechos básicos y adopta múltiples formas: abuso físico, sexual y psicológico, y puede implicar negligencia o privación. Estos actos pueden ocurrir en diversos ámbitos —como el hogar, la escuela, la comunidad, instituciones públicas o privadas, y entornos virtuales—, y generan consecuencias profundas y duraderas en su salud, bienestar y desarrollo integral, incluso muertes evitables. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir libre de violencia, sin importar la naturaleza o la gravedad del acto. La exposición a cualquier forma de violencia vulnera su dignidad, afecta su autoestima y obstaculiza el ejercicio de otros derechos fundamentales.

Ante esta realidad, el fortalecimiento del Estado de derecho, el acceso a la justicia y la promoción de los derechos humanos son condiciones esenciales para garantizar una infancia y adolescencia protegidas, especialmente en contextos de vulnerabilidad o riesgo. Sin embargo, las niñas, niños y adolescentes suelen ser invisibilizados en los sistemas de justicia, ya sea como víctimas, testigos, presuntos infractores o sujetos de protección, lo que limita su acceso a mecanismos adecuados de atención, reparación y participación.

Desde un enfoque de derechos, es fundamental consolidar sistemas de protección integral, con mecanismos de prevención, denuncia, atención y restitución de derechos frente a la violencia infantil. Asimismo, es necesario promover un acceso a la justicia que considere la edad, el nivel de madurez y las capacidades evolutivas de las niñas, niños y adolescentes, asegurando procesos adaptados, seguros, participativos y centrados en su interés superior. Asimismo, el monitoreo continuo de las distintas formas de violencia, la calidad de la respuesta institucional y la garantía del empoderamiento legal de la niñez y adolescencia son elementos clave para avanzar hacia sociedades más justas, pacíficas e inclusivas.