La educación es un derecho inherente y un requisito clave para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Garantizar el acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad desde la primera infancia permite reducir desigualdades, fortalecer la participación ciudadana y mejorar las condiciones de vida presentes y futuras de la población infantil y adolescente. Este objetivo promueve el acceso universal a servicios educativos en todos los niveles, desde inicial a superior, el desarrollo de competencias fundamentales en lectura y matemáticas, la eliminación de barreras que limitan la permanencia y culminación de los estudios, y asegurar entornos de aprendizaje seguros y adecuados, especialmente para los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. No obstante, persisten desafíos estructurales que afectan el ejercicio del derecho a la educación. La pobreza, el área de residencia, la pertenencia étnico-cultural, la lengua materna, la discapacidad, el género y los contextos de emergencia (como conflictos, desastres naturales o crisis sanitarias) continúan siendo factores que limitan el acceso, la continuidad y los logros de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes.

Desde un enfoque de derechos, resulta fundamental que las políticas educativas reconozcan y atiendan las necesidades diferenciadas de la niñez y adolescencia, con estrategias focalizadas que promuevan la equidad, el cierre de brechas y la pertinencia cultural y lingüística. Asimismo, es necesario fortalecer los sistemas de información para el monitoreo de indicadores educativos desagregados por edad, sexo, territorio, discapacidad y pertenencia étnica, a fin de visibilizar las desigualdades y orientar las intervenciones que aseguren el cumplimiento efectivo del derecho a la educación para todas las niñas, niños y adolescentes del país.